Tras el útlimo percance ocurrido en el CIE de Aluche la semana pasada con la fuga de uno de los internos, vuelve a estar en boca de todos la legalidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha denunciado que la mitad de las privaciones de libertad no tiene "un fundamento legal",
ya que estas instalaciones sirven de paso previo a la expulsión del
país y, al final, menos del 50% de las personas recluidas llegan a ser
deportadas.
Esta información se desprende del informe elaborado por la Comisión Jurídica del CGAE y que el martes presentó el Presidente de la institución, Carlos Carnicer, y la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano.
El informe apunta que de las 16.590 personas internadas en el año 2009, 8.935 fueron expulsadas, por lo que más de la mitad de las personas fueron retenidas sin motivo alguno, lo que pone en entredicho las redadas masivas de identificación por parte de la policia de extranjeros en la vía pública.
En Madrid, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ha animado a los ciudadanos a denunciar
ante la Policía o ante la Delegación las redadas contra los
inmigrantes. Según afirmó Cifuentes, esta práctica ha sido prohibida, aunque colectivos como las Brigadas Vecinales de Observación
siguen alertando de la existencia de controles que los agentes
realizan, especialmente, en las grandes estaciones de transporte, entre las que destacan Aluche, Nuevos Ministerios, Avenida de América,...
Estos centros están gestionados por el Ministerio del Interior, pero la propia ley de creación de los CIE indica que no pueden considerarse como
centros penitenciarios. A pesar de ello, las personas que ingresan en ellos lo
hacen por una falta administrativa y conviven con delicuentes comunes con causas pendientes.
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